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08 Ene

Paritarias sin descanso: negocian Comercio y bancarios Destacado

El sindicato de Cavalieri quiere sumarle 25% a los $5.000 mensuales que acordó de octubre a marzo; Palazzo espera seguir empatado a la inflación.

Se trata de dos de los gremios que ya iniciaron gestiones para actualizar los ingresos de sus trabajadores y que serán referentes en una ronda de discusiones de este año que estará signada por la distinción por actividades entre evitar una pérdida mayor o bien capturar una porción mayor de la renta sectorial.

La reanudación de las negociaciones tiene como antecedente inmediato el acuerdo alcanzado en la industria aceitera y agroexportadora que, tras 21 días consecutivos de huelga sostenidos por dos sindicatos, cerró el 29 de diciembre con una recomposición total de 35% por el año pasado, para elevar a 93 mil pesos el básico de la actividad, un piso de 25% para 2021 con revisión en agosto y dos bonos extra por un total de 160 mil pesos. Ayer mismo se les sumó la Unión de Recibidores de Granos (Urgara), que sostuvo junto con dos sindicatos de aceiteros la medida de fuerza, con un acuerdo en similares condiciones.

La ronda de paritarias tendrá a su vez otros animadores en lo inmediato como los cuatro gremios ferroviarios (maquinistas, personal de andenes, señaleros y jerárquicos) que prometieron lanzar el miércoles que viene medidas de fuerza de no haber avances ese mismo día. Una audiencia en el Ministerio de Trabajo culminó ayer mismo sin avances e incluso con una denuncia de los sindicatos por la ausencia de las empresas privadas que explotan servicios concesionados.

Buena parte de la expectativa en los próximos días girará en torno del gremio de Comercio, el de mayor número de trabajadores alcanzados por contar con más de un millón regidos por convenio colectivo. En rigor esa paritaria cerró en octubre pasado con un ajuste total de 30 mil pesos no remunerativos dividido en seis cuotas iguales de $5 mil cada una entre ese mes y marzo próximo. Aquel entendimiento no contempló suba alguna en el semestre entre abril, cuando debía regir una nueva escala salarial, y septiembre, en una suerte de “agujero negro salarial” relacionado con los efectos de la pandemia sobre varios rubros mercantiles, en particular los negocios con locales a la calle.

Como parte de la revisión de la paritaria 2020 los dirigentes sindicales encabezados por Armando Cavalieri se propusieron agregarle a esa suma fija, entre enero y marzo, un 25 por ciento de aumento para totalizar un ajuste que, de acuerdo a cada escala, oscilaría el 37% por el año pasado. El plan prevé que ese porcentual, que idealmente para el gremio debería incluir la conversión a valores remunerativos de los $5.000 y su integración a los básicos, sea el piso de la nueva paritaria que comenzará formalmente en abril de este año.

En paralelo la Asociación Bancaria presentó formalmente un pedido para reiniciar discusiones salariales con las cámaras que nuclean a las entidades financieras. El aumento de 2020 alcanzó 34 por ciento, un par de puntos por debajo de la inflación esperada para los doce meses del año, aunque con salarios iniciales que superan los 77 mil pesos. Sergio Palazzo, líder del sindicato, espera repetir la performance de los últimos años en los cuales mantuvo activa una virtual cláusula gatillo que en los hechos indexó los ingresos de los empleados bancarios. A su favor cuenta con el hecho de que el sector financiero se mantuvo a grandes rasgos a salvo de las restricciones económicas que impuso la pandemia sobre buena parte de la actividad privada, con mayor énfasis en los primeros meses de la cuarentena.

Como anticipo de la negociación el sindicato ayer cumplió la primera de dos jornadas consecutivas de huelga y por la tarde levantó la medida pautada para hoy en toda la red de los bancos BBVA y Santander, luego de haber denunciado que en esas entidades había intentos de llevar adelante “un pretendido ajuste, el cierre de locales, la reducción de personal y el intento de extender la jornada laboral”. El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria por 15 días que el gremio acató y que les impuso a los bancos involucrados, además, no producir represalia alguna contra sus empleados en ese lapso.

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