El Decreto 54/2017 sobre las ART adopta los lineamientos del proyecto impulsado por el oficialismo y establece que todo trabajador debe pasar por una Comisión Médica antes de iniciar cualquier juicio laboral. Las mismas tendrán que expedirse en un plazo perentorio de 60 días.
La iniciativa ya cuenta con media sanción en el Senado, pero Macri no esperó que finalice el tratamiento del proyecto en el Congreso, para evitar que se acumulen expedientes. En 2016 se activaron casi 124.776 juicios laborales, según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
En su Artículo 1, el decreto instituye que las Comisiones Médicas Jurisdiccionales "constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo".
En ese sentido, el texto señala en sus consideraciones que "en la actualidad, la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales".
Así, el Ejecutivo busca que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de "cosa juzgada" en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo, cuyo contenido suele ser irreversible en otro procedimiento judicial posterior.
Las aseguradoras consultadas por iProfesional explicaron que las demandas aumentaron “de manera exponencial” en el segundo semestre del año y confían en que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) ayudará a “reducir la litigiosidad y los costos del sistema”.
En los últimos cuatro años, se registró un incremento promedio interanual del 15% en la cantidad de demandas y ya hay más de 350.000 juicios acumulados, lo que supone un costo superior a los u$s5.000 millones.
Los costos para afrontar los juicios se trasladaron a los empleadores a través del monto que pagan en las alícuotas. En 2012 representaban en promedio el 1% de la masa salarial y en la actualidad rondan el 3,5 por ciento.
Desde el Ministerio de Trabajo tampoco encuentran “lógico” el incremento de la cantidad de demandas porque "se bajó la siniestralidad" y "se han evitado unos 8.500 fallecimientos".
Según destaca, ya se paga hasta 7% de la nómina salarial en concepto de seguros de riesgo del trabajo.
Para el macrismo, en tanto, una de las causas que impulsa las demandas se vincula con el concepto de "in dubio pro obrero", que significa que si el juez tiene alguna duda entonces debe fallar a favor del trabajador, por ser la parte más débil.
Por su parte, la CGT adelantó que el decreto será "inconstitucional" porque "no están las condiciones ni de necesidad ni de urgencia".
Según señaló el secretario de Prensa y Comunicación de la central obrera, Jorge Sola, los gremios no tienen "una decisión de apoyar la reforma laboral del Gobierno". Y puntualizó: "Nunca expresamos que esto sería viable".
Según los últimos datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), las demandas por accidentes laborales en octubre de 2016 último aumentaron un 19% respecto de octubre de 2015, siendo 12.444 los nuevos casos ingresados en fueros judiciales.
A esta cifra, se le suman las 89.653 demandas que se iniciaron desde febrero a septiembre de 2016, alcanzando hacia finales del año pasado más de 102.000 juicios contra las ART.
Las aseguradoras califican la situación actual como inviable por el fuerte incremento de la litigiosidad: de cada 100 accidentes laborales ocurridos en Buenos Aires, 38 presentan demandas.
