Panamá cuenta con cerca de 300.000 sociedades anónimas activas, 15.000 de las cuales serían de argentinos, que están en peligro de ser descubiertos, ya que Panamá ahora quiere convertirse en un país serio y dejar de ser un paraíso fiscal.
De hecho, la Asamblea Nacional de ese país aprobó la semana pasada un proyecto de ley que inmoviliza las acciones al portador, con lo que espera no ser incluido en listas discriminatorias de paraísos fiscales.
La ley establece que las polémicas acciones al portador, criticadas por los organismos internacionales porque pueden ser usadas para evadir impuestos u ocultar patrimonios, serán puestas en un plazo de dos años en custodia de entidades autorizadas para que pueda establecerse su propietario en los casos en que se requiera.
Pero la experiencia indica que los tiempos luego se aceleran y termina todo en una ley de nominatividad compulsiva. El sistema de custodios autorizados que crea Panamá, así como también el sistema de registro único en el Banco Central que instrumentó Uruguay, son parches o instancias intermedias hacia una ley de nominatividad compulsiva, sostiene Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI.
Para los accionistas de una sociedad off shore, la ventaja es que no se conoce quién es su verdadero dueño, por lo que utilizan a la compañía para la compra de inmuebles en distintos países, como pueden ser los Estados Unidos, por ejemplo. Uruguay ya implementó esta normativa, entonces los argentinos que usan el vecino país como paraíso fiscal se mudaron a Panamá.
Los agujeros de los paraísos fiscales se van cerrando cada vez más, ya que la presión internacional es muy fuerte. Los bancos panameños se iban quedando sin líneas de crédito, y sufrían restricciones de susagentes corresponsales.
En efecto, las mismas sociedades, por ser creadas en ese país, no se dejaban usar para abrir cuentas en los Estados Unidos u otras naciones, por temor a que estén involucradas en el lavado de dinero, corrupción, tráfico de armas o trata de blancas, revela un operador que conoce de primera mano la situación.
Para algunos, la eliminación de las acciones al portador sería un golpe importante para la soberanía jurídica del país y, además, a la competitividad en cuanto a la atracción de fondos al sistema financiero nacional.
