La Inspección General de Justicia fijó el 1 de junio de 2012 como el plazo límite para dar impulso a los trámites precalificados que se encuentren inactivos por más de un año.

Lo dispuesto por la resolución 3/2012 apunta a resolver el problema de la acumulación de trámites precalificados que, ante la inacción de quienes los presentaron, quedan inconclusos y archivados, con observaciones que no son subsanadas.

Desde el organismo dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Control Registral del  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señalaron que “además de configurar un incumplimiento a las obligaciones legales, el cúmulo de actuaciones inconclusas ocasiona un serio perjuicio operativo al organismo, al abarrotar sus archivos”.

Lo dispuesto por la nueva norma de la IGJ alcanza también a las actuaciones que se inicien con posterioridad a la sanción de la resolución y que se mantengan inactivas por más de un año.

Se destaca también que “la mera solicitud de desarchivo no interrumpe los plazos” y que los casos que no cumplan con la nueva normativa serán susceptibles de recibir sanciones derivadas del incumplimiento de la obligación legal.