La Inspección General de Justicia (IGJ) obliga a todas las empresas a actualizar sus datos hasta diciembre próximo.
A través de la resolución 1/2010, el organismo a cargo de Marcelo Mamberti, estableció que las sociedades comerciales, extranjeras y binacionales, así como asociaciones civiles y fundaciones deberán presentar una declaración jurada con la actualización de la información empresarial.
La nueva reglamentación obliga a las compañías o asociaciones a informar el domicilio, las autoridades, el último balance presentado y la última tasa anual pagada.
Asimismo, la resolución establece el siguiente esquema escalonado de vencimiento:
- Asociaciones civiles y fundaciones: Desde el lunes pasado hasta el 1 de octubre próximo.
- Sociedades binacionales y entidades extranjeras: Desde el 6 de septiembre hasta el 5 de noviembre próximo.
- Sociedades comerciales: Desde el 4 de octubre hasta el 3 de diciembre próximo.
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De esta manera se complementa el Registro Nacional de Sociedades anunciado oportunamente por el administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray. El nuevo registro recopila –a través de una base de datos federal– toda la información de las sociedades inscriptas en el país, sin que las provincias pierdan sus facultades respecto a la inspección y el control.
“Este registro permite la integración a nivel nacional de la publicidad societaria que se encontraba dispersa en las distintas jurisdicciones locales”, señaló Echegaray al tiempo que explicó que se trata de “una herramienta importante para el fisco ya que a través de su análisis podrá evaluar la transparencia del movimiento y desarrollo económico de cada compañía”.
El Registro Nacional de Sociedades también tiene una destacada importancia para los particulares, ya que permite acceder a la información de las diferentes personas jurídicas ubicadas en cualquier lugar del país y les simplifica los trámites de inscripción de una sociedad integrándolo con el de la obtención de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
“La implementación de este Registro Nacional de Sociedades incrementa la seguridad jurídica, previene fraudes, asegura la validez de los actos societarios en todo el país, profundiza los mecanismos de transparencia fiscal, impidiendo la proliferación de sociedades fantasmas inscriptas solamente para realizar maniobras de evasión fiscal”, aseguró Echegaray.
Por último, el titular de la AFIP adelantó que el organismo “avanza en la construcción de un mapa económico, y en breve, determinará que las empresas deban declarar como domicilio fiscal su principal explotación, en la que tengan mayor cantidad de recursos humanos y económicos”.