La Inspección General de Justicia (IGJ) está enviando multas por inconsistencias entre las sedes sociales declaradas en otros trámites y la legal inscripta ante el organismo, o por notificaciones fehacientes por carta documento enviadas a esas sedes legales inscriptas en las cuales el correo no encontró receptor.

Así lo comentó Verónica Franco, del estudio Lisicki Litvin & Asociados, a El Cronista quien agregó que las multas rondan los 3.000 pesos.

Pero el organismo que registra las sociedades, ONGs y fideicomisos se halla facultado a abrir un procedimiento interno para aplicar sanciones a la sociedad, directores y síndicos toda vez que entienda haber realizado notificaciones en sedes ficticias o inscripciones tardías de las mismas, y las multas tendrán un monto máximo de hasta $100.000 por cada uno de esos sujetos que sea imputado a partir del 1 de noviembre próximo.

Desde esa fecha, además, las sociedades, asociaciones civiles y fundaciones de la ciudad de Buenos Aires estarán sometidas a un cronograma mas ajustado en los plazos de inscripción de su sede social en la IGJ, debiendo ingresar el trámite dentro de los 5 días de aprobado por el órgano social competente. 

El organismo también analizará la sede social efectiva en forma previa cuando se le solicite inscribir cualquier otro tipo de acto, como un aumento de capital, o al momento de la inscripción del directorio, por ejemplo, indicó Franco.