Tributaristas, funcionarios, legisladores y representantes de entidades profesionales y empresarias debatieron sobre los cambios propuestos por el Ejecutivo en la reforma tributaria. El proyecto tiene muchos puntos controvertidos y es probable que se produzcan algunos cambios. Así lo dejó traslucir Nicolás Massot, titular del bloque de Diputados del PRO, en una jornada que se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, señala la Voz del Interior. “El camino elegido es cerrar la brecha deficitaria con crecimiento económico”, dijo Massot. Y afirmó que la reforma apunta a incentivar la inversión y la creación de empleo formal privado. “Lo más importante es el blanqueo laboral, para que más de cuatro millones de trabajadores informales ingresen al mercado”, aseguró. El diputado oficialista señaló que los ejes de la reforma van en línea con la tendencia mundial a ir “alivianando la carga tributaria sobre la producción de bienes y servicios y el trabajo”, aumentando los impuestos patrimoniales y a los ingresos. El otro criterio del Gobierno es dejar de la lado las exenciones tributarias y reemplazar esta herramienta a través del gasto para minimizar inequidades.

Massot pidió a los especialistas presentes que envíen sus inquietudes y aportes técnicos para el tratamiento legislativo. La semana próxima, la reforma tributaria se tratará en comisión de la Cámara de Diputados. La intención es que alrededor del 20, el tema llegue al recinto para luego pasar al Senado y ser sancionada antes de fin de año. Massot defendió el proyecto, señalando que, si bien no se resuelve todo el problema inflacionario por una cuestión de recursos tributarios, la propuesta “empieza a cerrar una brecha que había”. Un tema que el legislador admitió que se estudia cambiar de la letra original del proyecto es la quita de la exención del Impuesto a las Ganancias a cooperativas y mutuales, que realicen intermediación financiera y actividades de seguros. Massot reconoció que el tema está siendo analizado y que se piensa establecer una diferenciación por tamaños, además, de un reempadronamiento forzoso para mejorar la fiscalización de los organismos.