Necesitaban alguien que los ayude con las tareas del hogar. Los dos trabajan, tienen un horario bastante extendido y los quehaceres del día a día impiden que Cecilia pueda ocuparse de atender a sus hijos y su departamento.
José, su pareja, está de acuerdo en iniciar la búsqueda de una persona que dé una mano con las tareas domésticas y el cuidado de los niños al regreso de la escuela.
Consultaron a distintos amigos. Y a partir de la pequeña “miniencuesta” que fueron elaborando entendieron que, para un trabajo de 12 horas diarias, de lunes a viernes, de 7 a 19 horas, ofrecer entre $1.600 y $1.800 era una paga razonable.
Comenzaron preguntando a conocidos, para evitar recurrir a una agencia de empleos y para quedarse tranquilos por el filtro que implica contratar a una persona recomendada.
Mientras encararon la difícil y ardua tarea de la preselección, José recordó algo que había leído hace poquito tiempo: en el Congreso avanzaba un proyecto de ley que apunta a equiparar los derechos de empleadas domésticas con los del resto de los trabajadores. Es decir, que gozarían de los mismos beneficios que los de cualquier empleado en blanco.
Recordó que la iniciativa contempla un “tope legal” de 48 horas semanales o 192 mensuales. Es decir, unas 48 horas menos que las que Cecilia y él tenían en mente acordar.
Vale decir, una vez aprobada la medida, ese excedente iban a tener que abonarlos como horas extras, al 50 por ciento.
Pero además, le vino a la mente otra cuestión. La suba del salario mínimo, que fuera aprobada y elevada a $1.840 días atrás, también aplicable a esta modalidad de contratación.
De esta manera, por el efecto combinado de ambas situaciones (suba del salario mínimo + nuevo régimen del personal doméstico) la cifra piso que Cecilia y José iban a tener que afrontar ya no iba a ser lo que ellos pensaban.
En efecto, el valor se incrementaba a unos $2.600 mensuales, unos $1.000 más respecto de lo que tenían pensado pagar en un principio.
El siguiente cuadro es ilustrativo al respecto:
Por otro lado, el nuevo régimen contempla estos 15 puntos que José y Cecilia se vieron obligados a repasar:
Avanza en el Congreso la nueva ley
Tal como pudo confirmar iProfesional.com con el diputado oficialista Héctor Recalde, el proyecto ya obtuvo dictamen de comisión en la Cámara baja el pasado miércoles y se hizo un pedido para que sea tratado en el recinto el 18 de agosto. “La intención política es que se debata lo antes posible”, afirmó el diputado.
Además, Recalde confirmó que la modalidad de contratación de las empleadas domésticas también se va a regir por el salario mínimo vital y móvil, que a partir de enero se elevará a $1.840.
“Si todos los trabajadores tienen derecho al mínimo por qué van a estar excluidos los de casas particulares”, confirmó Recalde.
Así, sostuvo que una vez que se apruebe esta iniciativa se modificará el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y se incluirá a los empleados de casa particulares.
El legislador señaló que el sueldo que perciban no podrá ser inferior al salario mínimo en proporción a las horas que prestan servicios.
A modo de ejemplo, Recalde indicó que si una empleada ejerce su labor por cuatro horas, tendrá derecho a cobrar la mitad del salario mínimo.
El diputado agregó a este medio que se tuvo en cuenta, en la redacción del proyecto de ley, la diferenciación para un empleador que, a su vez, es trabajador, dado que abonará una menor alícuota de contribución patronal, para evitar fraudes. “A los trabajadores, los mismos derechos, diferenciamos el empleador”, recalcó.
Por eso, destacó que en la iniciativa se habla de grupo familiar.
“Hay alrededor de un millón de empleadas en casas particulares, de las cuales el 74,3% se desempeña con retiro, el 77% con un mismo empleador y el 55% trabaja más de 4 horas, pero el 90% no está registrado”, aseguró el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Esta iniciativa fue anunciada por la presidenta Cristina Kirchner el 8 de marzo, y el titular de la cartera laboral afirmó, en esa oportunidad, que con la misma se produce "un acto de reparación con un sector que había sido excluido de los derechos laborales argentinos, poniendo fin a una situación que no tiene ninguna explicación ni justificación".
Y reconoció que "con un estatuto que es el colmo de la flexibilización, tenemos sin registración o en negro al 90% de los trabajadores del sector".
El diputado del PRO, Jorge Triaca, fue crítico con algunos aspectos de este proyecto: “A veces, las buenas intenciones terminan perjudicando a los trabajadores”, sostuvo.
“Si se sube el costo y pasa a $2.600 aproximadamente, se deja fuera del blanco a mucha gente”, agregó Triaca.
El diputado, además, indicó que es muy difícil que se realicen las inspecciones en los domicilios para verificar el blanqueo de los empleados.
“Estoy de acuerdo en que haya sistemas que contemplen los derechos, pero sin saltos tan repentinos, la realidad te muestra que esto va a producir un cambio de la formalización a la informalidad”, sostuvo.
Y concluyó: “Destaco que esta iniciativa tiene puntos válidos, pero lo importante es darle flexibilidad”.
Puntos clave
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, busca reemplazar el estatuto previsto en el decreto ley vigente desde 1956.
Entre los cambios, se acordó ampliar las clasificaciones de los trabajadores contemplados en la norma y se buscó mejorar la redacción del texto original.
La iniciativa, que será debatida en el Congreso, también establece que el Ministerio de Trabajo de la Nación será la autoridad de aplicación de la norma, algo que fue cuestionado por legisladores de la Coalición Cívica.
En ese sentido, Recalde explicó que "no puede ser otro que el Ministerio" el que se encargue de reglamentar la norma.
La presidenta de la comisión de Familia, Claudia Rucci, aseguró estar "muy contenta" por la "armonía" con la que se trabajó durante los últimos cuatro meses para llegar a una conclusión final del trabajo.
El proyecto incluye al personal de limpieza y de mantenimiento de una casa particular, pero también a los acompañantes o cuidadores no terapéuticos de personas enfermas o con discapacidad.
Por otra parte, los diputados acordaron la modalidad con retiro y sin retiro y, en ese sentido, fijaron una cantidad mínima de 12 horas de descanso que debe existir entre una jornada laboral y otra.
Establecieron la prohibición de contratar menores de 16 años para tareas domésticas, en contraposición con el decreto vigente que fijaba en 14 ese tope mínimo.
Adicionalmente, se incluyó un régimen de licencias (embarazo, maternidad, entre otros conceptos) similar al establecido por la Ley de Contrato de Trabajo para el resto de los trabajadores, que no estaban considerados en la legislación actual.
"Lo que buscamos es la igualdad entre los empleados domésticos, sean mujeres u hombres, y tener en cuenta que los empleadores también son trabajadores", añadió Recalde.
De convertirse en ley, los empleadores tendrán 120 días para regularizar la situación de sus contratados a partir de la reglamentación de la norma.
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