Los cambios dispuestos por el Gobierno en el Impuesto a las Ganancias permitirán que cerca de un millón y medio de asalariados y jubilados dejen de tributar. Positiva para tantos bolsillos, la medida despierta, sin embargo, fuertes críticas por la forma en que fue dispuesta.

Tributaristas y abogados coincidieron en que el nuevo esquema provoca más distorsiones en un esquema que ya las tenía y no respeta el principio de igualdad ante la ley entre los contribuyentes.

Este último efecto podría tener una de sus manifestaciones en los próximos meses. La letra del decreto permite pensar que es una situación muy posible la de un empleado que, con un salario bruto de $16.500, no quede alcanzado por el tributo, en tanto que uno que perciba una remuneración menor, de $15.500 por ejemplo, sí tendrá la carga fiscal.

Esto es así porque el decreto deja al margen del impuesto a quienes entre enero y agosto de este año no hayan tenido ninguna remuneración bruta superior a $15.000 mensuales. Si de ahora en más esas mismas personas reciben incrementos y superan el monto límite dispuesto, igualmente seguirán sin pagar el impuesto, tal como lo confirmaron en la AFIP. Y eso seguirá siendo así hasta tanto haya una nueva disposición oficial que modifique los parámetros, lo que podría ocurrir incluso ya durante el año próximo.

El decreto 1242 no establece formalmente una suba de deducciones que lleve a que el salario más bajo para tributar sea de $15.000; lo que hace es disponer una fórmula para que las personas que tuvieron sueldos inferiores a ese monto, no estén afectadas por el impuesto desde los ingresos que se liquiden del 1° de septiembre en adelante (eso incluye el salario correspondiente a agosto).

¿Qué produce el hecho de que el cambio se haga de esa manera? Que quienes sí deben tributar por estar sus ingresos arriba de la cifra establecida como parámetro, lo harán no con la alícuota más baja (que es lo que ocurría antes con quien estaba cerca del límite imponible), sino con una de las más elevadas, entre las vigentes dentro de una tabla. Esto es lo que hace que estar o no alcanzado por el impuesto genere amplias diferencias para el bolsillo.

El abogado Adrián Tróccoli señaló al matutino La Nación que el hecho de haberse dispuesto un ingreso básico para tributar sin el mecanismo de subir las deducciones -tal como se explicó antes-provoca una distorsión, ya que las deducciones están para distinguir diferentes situaciones personales, como las cargas de familia. "Es técnicamente incorrecto usar el ingreso como parámetro para la deducción", consideró. "Dos personas en iguales condiciones no pueden tener un trato distinto ante la ley", agregó.

"El principio de igualdad es una garantía explícita de la Constitución; si alguien tiene que tributar y gana menos que el que no tributa, se ve afectado -indicó César Litvin, presidente del Instituto Tributario-. Y hay también una garantía implícita de razonabilidad, afectada por esta norma".

Los abogados consultados por el matutino coincidieron en que podría haber presentaciones judiciales de quienes se vean perjudicados por el trato desigual.