El jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella (en la foto), pidió a los bancos que no reporten las sospechas por lavado que acumulen sobre el dinero que ingrese al circuito formal gracias a la polémica ley de blanqueo que hizo aprobar el Gobierno .

Sbattella, jefe del principal organismo de lucha contra el lavado de activos, lanzó la frase, mezcla de pedido y orden, en dos reuniones que mantuvo durante el último mes con altos ejecutivos y oficiales de cumplimiento de las normativas antilavado de los bancos y de las cámaras del sector. Los había convocado para debatir los alcances de la ley de blanqueo y para transmitirles el interés del Gobierno por alentar el ingreso de fondos frescos al país.

La controvertida indicación de Sbattella fue confirmada al matutino La Nación por tres presidentes de bancos privados de primera línea, dos oficiales de cumplimiento antilavado de otros dos bancos, una técnica del sector bancario y una alta fuente con acceso a lo que ocurre dentro de la UIF.

El deseo del jefe de la unidad antilavado, sin embargo, chocó con la resistencia de los oficiales de cumplimiento. No por razones éticas, sino por una cuestión de autopreservación.

Ante el planteo de Sbattella, los oficiales le dijeron que no. Sostuvieron que afrontarán cargos penales y multas millonarias de la propia UIF si algún día sale a la luz que uno de los beneficiarios del blanqueo lavó dinero del narcotráfico.

La respuesta de Sbattella ante esos argumentos fue, según uno de los oficiales, la siguiente: "Nos dijo que debemos reportar lo que consideremos que tenemos que reportar como operación sospechosa. Pero que la UIF analizará la buena o mala fe del reportante".

Esa respuesta resultó muy distinta de la que difundió en público en esos mismos días. Ante la prensa, sostuvo que la actual ley de exteriorización de capitales es más estricta que la de 2009. "El único blanqueo que se exculpa es el tributario", dijo.

Los expertos señalaron al matutino, además, que luego de la reforma de la ley antilavado, a mediados del año 2011, todos los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas (ROS) cuentan con menos margen discrecional para obviar transferencias o inversiones o depósitos dudosos con la actual ley de blanqueo que con la de 2009, que derivó entonces en el reporte de 631 operaciones por $543 millones.

Sin embargo, Sbattella trazó a puertas cerradas una visión muy distinta ante los oficiales de cumplimiento antilavado, según las siete fuentes consultadas.