Con la mira puesta en alcanzar a todos los contribuyentes, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevará desde $10.000 a $6.000 mensuales el piso a partir del cual los monotributistas deben facturar electrónicamente.

De esta manera, el nuevo límite igualaría el valor ($72.000 anuales) que constituye la puerta de entrada a la obligación de presentar cuatrimestralmente un pormenorizado detalle de gastos e ingresos. En efecto, el próximo vencimiento ocurre en los últimos días de este mes.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder iProfesional.com, la extensión de la obligación se establecería en los próximos meses.

Factura electrónica
Por lo tanto, una vez implementada la nueva etapa la obligación alcanzará a: 

• Los monotributistas profesionales que facturen entre $6.000 y $16.667 al mes.
• Los pequeños contribuyentes que realicen otras actividades, con ingresos mensuales que se ubiquen entre $6.000 y 25.000 pesos. 

Seguirán exceptuados los monotributistas que: 

• Se encuentren eximidos de emitir comprobantes conforme a situaciones especiales o a su actividad.

Asimismo, los pequeños contribuyentes obligados deberán emitir sólo los comprobantes que se detallan a continuación: 

• Facturas clase "C".
• Notas de crédito y notas de débito clase "C".
• Recibos clase "C".

"Quedan excluidas las facturas o documentos clase "C" que respalden operaciones con consumidores finales, en las que se haya entregado el bien o prestado el servicio en el local, oficina o establecimiento", indica el marco vigente.

Incorporación de Responsables Inscriptos
Complementariamente, el fisco nacional avanzará en la firma de nuevos convenios con distintas superintendencias y registros especiales a fin de potenciar la incorporación de responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al régimen de factura electrónica.

Con respecto a los pasos que debe seguir el fisco nacional, a fin de incluir a los contribuyentes que tiene bajo la mira, desde el Estudio Lisicki, Litvin y Asociados, explicaron que "la AFIP debe notificar, con un plazo de 30 días hábiles administrativos, la nueva obligación de emitir facturas electrónicas".

"Esto es de vital importancia, ya que la adaptación de los sistemas de facturación requiere un tiempo adecuado para la búsqueda de presupuestos, la implantación de los mismos y las pruebas pertinentes, siendo también de suma relevancia la capacitación al personal", puntualizaron desde el Estudio.

Un dato no menor, consiste en que la reglamentación vigente da la posibilidad de facturar mediante dos alternativas. "La primera de ellas, es aquella en la cual se debe informar el detalle de toda la factura, mientras que en el segundo caso se informan, en principio, los datos del comprador, locatario o prestatario, para luego declarar quincenalmente el detalle de las operaciones diarias".

Compras online
En igual sentido, la AFIP también avanza en ampliar la cantidad de sujetos obligados a ingresar al sistema de Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes (CITI-Compras).

El mencionado régimen obliga, actualmente, a más de 30.000 responsables a declarar mensualmente el detalle de las compras realizadas. La idea del fisco es duplicar la cantidad de sujetos obligados en el mediano plazo.

"En un futuro próximo, tanto el CITI Compras como el CITI Ventas se presentarán en formato web. En la actualidad, los regímenes corren bajo el SIAP, sistema provisto por la AFIP", adelantó Marcelo Domínguez, consultor tributario y titular del Estudio que lleva su nombre.

A fin de darle seguridad a la avanzada, la AFIP también puso en marcha un nuevo micrositio que permite a los receptores de comprobantes electrónicos verificar que cada una de las facturas se encuentre autorizada por el fisco nacional. Para acceder al micrositio haga clic aquí.

Quien recurre de manera dolosa a la utilización de facturas truchas apunta a no tributar el Impuesto a las Ganancias e IVA o hacerlo en menor cuantía, ocultando la veracidad de las operaciones o simulando otras que no sucedieron nunca.

Detrás de ello, se esconden salidas no documentadas de fondos, que una empresa quiere justificar y no puede o busca deducir en el balance impositivo -a los fines de Ganancias- un monto mayor al que le corresponde.