A través de un nuevo decreto, el Poder Ejecutivo incrementará el financiamiento del sistema de salud y, en particular, de las obras sociales que administran los sindicatos. Se analiza aumentar los aportes que efectúan los monotributistas por la atención médica en prestadoras sindicales y prepagas, y que actualmente alcanzan a $536 mensuales cualquiera sea la categoría del pequeño contribuyente. Para ello, se analizan dos esquemas posibles: por una parte disponer una contribución adicional por cada miembro del grupo familiar del monotributista y a la par establecer una escala en el monto de los aportes de acuerdo al nivel de facturación del contribuyente. "No puede ser que todos paguen el mismo aporte, se está planeando una escala según que categoría se trata, y que también se aporte por la familia porque sino el sistema es insostenible", indicó uno de los gremialistas que participa de las negociaciones con el Gobierno.
El dirigente criticó, además, que los aportes que realizan los pequeños contribuyentes por la atención médica representa una cuarta parte de la contribución promedio de un trabajador en relación de dependencia. "Hay que resolver la situación porque sino los trabajadores de cada actividad terminan financiando al resto", se quejó. También se suma la discusión por el incremento de las cápitas que el Pami abona a las prestadoras sindicales por la atención médica de alrededor de medio millón de jubilados. Desde hace dos años esa contribución se ubica en los $192 y la pretensión sindical es establecer un esquema de actualización permanente, que en una primera etapa "por lo menos duplique los montos que recibimos hoy", apuntó otro gremialista al Cronista. Otro de las propuestas que se evalúa se vincula al pago de los intereses de los $14.268 millones en bonos con vencimiento en 2020 que están bajo custodia del Banco Nación y corresponden a una parte de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que el Gobierno dispuso repartir a las obras sociales en agosto de 2016. Según cálculos sindicales los intereses por esos bonos representan unos $700 millones por trimestre, pero solo se distribuyeron a las prestadoras sindicales en dos oportunidades. Los gremios reclaman que el Gobierno decrete el reparto automático de esos recursos cada tres meses.
