La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya tienen todo listo para incorporar a partir del próximo mes a los laboratorios y tabacaleras al régimen de facturación electrónica.
Desde los sectores involucrados, los empresarios se niegan a dar datos confidenciales sobre precios al fisco. Puntualmente, los titulares de las compañías temen que sea el primer paso para implementar un estricto control antiinflacionario.
El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, advirtió oportunamente que las empresas no darán la información que no tiene relevancia a fines fiscales.
“Exigen datos confidenciales que las compañías consideran que, si se comunican, afectan sus intereses comerciales”, agregó el dirigente.
Asimismo, los empresarios también temen que la información se filtre y que la competencia pueda acceder a sus estrategias comerciales. Al respecto, desde el Estudio Harteneck, Quian, Teresa Gómez y Asociados manifestaron a iProfesional.com su preocupación: “La reglamentación vigente obliga a que datos precisos y puntuales a través de la web, con el riesgo que ello implica”.
“Una cosa es un procedimiento de inspección y otra muy distinta es ingresar en la web con la preocupación que un hacker —por decisión propia o alentado por la competencia—, pueda acceder a la cartera de clientes, el plazo de pago, los descuentos y las bonificaciones”, añadieron los consultores impositivos.
Proveedores del Estado
En igual sentido, la AFIP ya decidió retrasar hasta el año próximo la obligación de facturar electrónicamente que recaerá sobre los proveedores del Estado.
De acuerdo a la resolución general 2.884, los proveedores que quieran contratar con el Estado deberán contar, a partir del 1 de noviembre próximo, con un certificado fiscal que sólo se otorgará a quienes estén adheridos al régimen de factura electrónica y no tengan incumplimientos tributarios durante los últimos cinco años.
Se trata de 21.500 números de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) que según datos del fisco nacional, el año pasado llegaron a facturar unos $700 mil millones, lo que equivale al 35% del total de la facturación de los contribuyentes que figuran como responsables inscriptos.
