La reglamentación del blanqueo buscará atraer más capitales, eximiendo del impuesto al chequelos pagos que se exterioricen en efectivo y flexibilizando algunas trabas impuestas en la ley.

Así surge del borrador del decreto reglamentario que se dictará luego de la promulgación de la ley, que se publicaría entre mañana y pasado. La intención oficial es que el régimen arranque en agosto y la expectativa de máxima del sector privado es que se blanqueen unos 60.000 millones de dólares.

En el decreto del Poder Ejecutivo se eximiría del pago del impuesto a los créditos y débitos de cuenta corriente las cuentas que se exterioricen, para que incentivar a un mayor blanqueo.

Además, promovería que los bienes ya prescriptos no puedan ingresar a la moratoria -también contenida en la ley "ómnibus" votada por el Congreso-, por lo que deben optar por el blanqueo.

Por otro lado, permitiría que los inmuebles que estén dentro de una sociedad en el exterior sean blanqueados por fuera de ésta, para abaratar el costo del blanqueo y permitir que en el futuro el accionista de esa sociedad no tenga que pagar el impuesto a las ganancias.

En cambio, agregaría el requisito de que, para gozar del "bloqueo fiscal" -que impide investigar para atrás a los contribuyentes que se acogen al blanqueo- la persona tiene que haber presentado la declaración jurada del 2015.

Esto se debe a que, según la letra de la ley, una persona podría no tener la necesidad de blanquear en caso de haber declarado sus bienes no declarados recién en la declaración jurada del 2015 (aunque haya sido rectificada).

Por otro lado, en reuniones desarrolladas en los últimos días entre un grupo de tributaristas y altos funcionarios de la AFIP y el Ministerio de Hacienda y Finanzas, se discutieron algunas cuestiones para subsanar en el tramo de la reglamentación del blanqueo. En particular, la AFIP trabaja en dos resoluciones generales: una para el blanqueo y otra para la moratoria.

Allí se definió que el bono a siete años que se ofrecerá tendrá una emisión limitada, para los que blanqueen antes que el resto, porque el Gobierno quiere promover con mayor énfasis el bono a tres años.

También se discutió que, dado que la ley no permite un blanqueo parcial sino total -de lo contrario, si se descubre un bien no declarado con posterioridad, se cae todo el blanqueo- haya un margen para que haya hasta un 5% no declarado sin ninguna penalización.

Otro aspecto que los funcionarios prometieron corregir es la diferencia que quedó expuesta entre las fechas contenidas en la ley votada, que son diferentes entre la fecha de corte (correspondiente a la de la promulgación de la ley) y la de liberación de los impuestos (31 de diciembre del 2015).

Los tributaristas también pidieron que se defina en forma concreta el concepto de "factura apócrifa" porque consideraron que en la ley tiene un alcance demasiado amplio.

Además, pidieron que se puedan declarar los seguros de capitalización en el exterior e igualar el tratamiento entre las personas investigadas en la causa judicial de las cuentas en Suiza. Esto se debe a que quienes no reconocieron su cuenta podrían blanquearla ahora, mientras que, quienes sí lo hicieron y blanquearon en el régimen vigentes entre 2013 y 2015, no quedaron liberados de sus responsabilidades, según la confusa normativa de la AFIP en la gestión de Ricardo Echegaray.

También se pidió que quienes tengan dinero en una caja de seguridad en el exterior puedan depositarla en una cuenta bancaria para blanquearla, en tanto sea antes de la fecha de promulgación de la ley, señala La Nación.