El Presupuesto fue aprobado por 39 votos a favor y 28 en contra; mientras que el Impuesto al Cheque; el tributo adicional al precio del cigarrillo y la prórroga de la Emergencia Económica contaron con 38 votos positivos y 29 negativos.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, dijo que “este es el Presupuesto que la Argentina necesita” y reflexionó que “el mantenimiento de las políticas tributarias son importantes herramientas para asegurar gobernabilidad”.

“Tengo confianza de que vamos a ganar las elecciones y de que este presupuesto lo va a ejecutar (el candidato presidencial) Daniel Scioli”, sostuvo Pichetto, quien no obstante subrayó que “estamos aprobado un presupuesto para el país”.

En cambio, el titular de la bancada radical, Gerardo Morales, consideró “una falta de respeto para las próximas autoridades acelerar el tratamiento de este proyecto” que debería tratarse “cuando haya un presidente nuevo”, después del balotaje del 22 de noviembre.

“Van a dejar complicaciones para la próxima gestión de gobierno, sea quien sea el presidente”, advirtió el gobernador electo de Jujuy.

Quienes no intervinieron en el debate, pero votaron en contra, fueron los senadores de PRO Gabriela Michetti y Diego Santilli y el entrerriano Alfredo De Angeli, cuyo fuerza disputará el balotaje presidencial el próximo 22 de noviembre con el Frente para la Victoria.

Por su parte, el justicialista disidente Adolfo Rodríguez Saá se preguntó “por qué no están (en el debate) los del bloque del PRO”, al ironizar sobre la posibilidad de que, finalmente, las leyes de presupuesto y las emergencias les convengan.

En ese sentido, Rodríguez Saá denunció la “discrecionalidad con las provincias” a través de “las facultades delegadas” al Jefe de Gabinete.

“Hay provincias que han tenido la posibilidad de recibir enormes recursos que otras no han recibido por esta lógica política del ‘amigo-enemigo’”, agregó el puntano.

El proyecto de Presupuesto 2016 diseñado por el Ejecutivo contempla un crecimiento de la economía del 3 por ciento, una inflación de 14,5 por ciento, un dólar promedio de 10,6 pesos y destinar el 60 por ciento de los recursos al gasto social.

Además establece que los gastos corrientes de capital ascenderán a un billón, quinientos sesenta y nueve mil cuatro doce millones noventa y un mil novecientos cincuenta y uno ($ 1.569.412.091.951) de pesos.

En tanto, los gastos totales consolidados del Sector Público Nacional sumarán una cifra proyectada de $1.705.076,6 millones en tanto que al descontar el gasto por intereses de la deuda pública, el gasto primario representa el 24,57% del PIB.

De esta forma, el Gobierno estima que el año próximo los ingresos corrientes crecerán 21 por ciento, los tributarios lo harán en un 25,2 por ciento y los gastos corrientes aumentaran 16,7 por ciento, lo que dará un resultado primario en equilibrio con un superávit de 0,09 por ciento.

En cuanto a los recursos, el gobierno estima que la recaudación ascenderá a 1.420.072 millones de pesos que serán aportados por un conjunto de tributos, de los cuales los que más recaudan son el impuesto a las ganancias, IVA, comercio exterior impuestos al cheque, y a las naftas y si a ese monto se suman las contribuciones a la seguridad social, el monto global de los ingresos ascienden a 1.941.420 millones de pesos.

Por el Impuesto a las Ganancias se estima que se recaudarán $482.325,3 millones, por el IVA $524.602,2 millones, por Bienes Personales $22.627,9 millones, por el tributo a los combustibles y gas natural 76.705 millones de pesos y por derechos de Importación y Exportación y Tasa de Estadística $131.317,8 millones.

En tanto, por el impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, se sumarán a la recaudación $120.182 millones, por el monotributo 6.987,8 millones de pesos, por bienes personales 22.627 millones de pesos, por impuestos internos 40.479 millones de pesos, y por contribuciones a la seguridad social 521.348,3 millones de pesos.

También se aprobó la prórroga por dos años más de la Ley de Emergencia Económica en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria sancionada originalmente en enero de 2002.