El resurgimiento del pago al contado a partir de la puesta en funcionamiento del plan de "Precios Transparentes" impulsado por el Gobierno trajo como consecuencia indirecta la necesidad de revisar una vieja norma emitida en el 2000: la prohibición de realizar en efectivo cualquier compra de más de 1.000 pesos.

El Gobierno no sólo deberá revisar el tope, sino también el resto de los límites para operaciones financieras.

Pero además se instrumentará un nuevo régimen para que la suba del límite no implique una posición más laxa para controlar la evasión impositiva, ante el temor oficial que una mayor libertad para concretar operaciones en efectivo contante y sonante derive en menos pagos de impuestos en el comercio interno.

La idea oficial es subir el tope, pero que toda compra de un bien de más de $1.000 quede registrada electrónicamente en los comercios, no importa el monto que sea. La primera intención es instrumentar una "factura electrónica" que deberá emitir el local, y que el dato esté a disposición del organismo recaudador para su control.

La ley antievasión 25.245 fue sancionada por el Congreso en octubre de 2000 por el Gobierno de Fernando de la Rúa, como mecanismo primario para combatir la falta de transparencia en las operaciones comerciales dentro del país.

La idea original de la ley era bancarizar forzadamente las operaciones del mercado interno, para darle a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mayores herramientas de control, en un mercado que, se especula, supera el 30% de evasión impositiva.

Saben desde el organismo que maneja Alberto Abad que el habitual cruzamiento de datos de las operaciones realizadas por pagos electrónico es una herramienta indispensable para detectar casos de evasión impositiva.

Se reconoce también que el tope de $1.000 impuesto en el 2000 quedó desactualizado y que amerita una corrección importante. Se habla de llevarlo hasta, aproximadamente, a los $10.000, señala Ámbito Financiero.