Con la finalidad de poner fin a una distorsión producto de la devaluación, el Gobierno elevó hoy de $10 millones a $50 millones el monto del capital social a partir del cual las sociedades anónimas quedan sometidas a un control estatal permanente, cifra que no se modificaba desde 2006.

La decisión se tomó a partir de una resolución 529/2018 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicada este viernes en el Boletín Oficial. "Fíjase en 50 millones de pesos el monto del capital social a partir del cual las sociedades anónimas quedan sujetas a fiscalización estatal permanente, conforme el artículo 299 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias", según el texto oficial. 

El Poder Ejecutivo recordó que Ley General de Sociedades dispone que las sociedades anónimas, además del control de constitución, "quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio durante su funcionamiento, disolución y liquidación, en ciertos casos, entre los que se encuentra cierta cifra del capital social".

"La fiscalización permanente estatal que se da en estas sociedades (grandes) es una formalidad. Eso quiere decir que el Estado puede y debe pedir la información que estime necesaria y cuando lo crea necesario. También tiene que inspeccionar los libros legales de la sociedad, participar de las asambleas, denunciar cualquier fraude o movimiento que afecte al Estado para salvaguardar el interés público, más allá del interés particular de los socios", explicó a ámbito.com Federico De Luca, socio del estudio De Luca & Asociados.

En la resolución de este viernes se señaló que la última modificación del capital social había sido dispuesta en mayo de 2006 cuando pasó de 2,1 millones a 10 millones de pesos, por lo cual consideró necesario "revisar y actualizar el monto actualmente vigente de 10 millones de pesos de capital social, a partir del cual las sociedades anónimas quedan sometidas a exigencias funcionales más estrictas y a un mayor contralor estadual".

"La norma establece una pauta patrimonial para el sometimiento de las sociedades anónimas a fiscalización permanente y exige que ella sea adecuada a la realidad económica", explicó el Ministerio de Justicia.

Y justificó el ajuste al señalar que "la depreciación de la moneda producida desde la última modificación se refleja en el incremento en el número de sociedades anónimas que se han ido incorporando".

"En consecuencia se impone, en aras del cumplimiento del principio de razonabilidad y proporcionalidad que debe inspirar los actos de gobierno, adecuar el monto mínimo de capital social previsto para imponer el control estadual", añadió.

Según la Inspección General de Justicia, actualmente hay 3.204 sociedades anónimas sujetas a fiscalización estatal permanente por razón de su capital.

El artículo 299 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias establece sobre la fiscalización estatal permanente que "las sociedades anónimas, además del control de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio, durante su funcionamiento, disolución y liquidación".