A menos de una semana del paro nacional del sindicalismo opositor contra la política económica y social del Gobierno, la presidenta Cristina Fernández anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a profundizar el combate contra la informalidad y a la vez sostener el empleo mediante una serie de medidas que abarcan una importante rebaja de las cargas patronales para aquellas empresas que blanqueen o contraten nuevo personal.

Con la iniciativa, que también contempla un fortalecimiento de las facultades nacionales de fiscalización laboral y la creación de un registro público de empleadores que incurran en fraude laboral, el Gobierno espera regularizar durante los próximos dos años unos 650 mil trabajadores que en la actualidad se encuentran en el sector informal. El proyecto aborda “el segundo problema que tienen los trabajadores”, afirmó Cristina al aludir al empleo no registrado, y advirtió que “la precarización del trabajo crea un disciplinamiento porque se acepta cualquier salario”.

Al oficializar la iniciativa en un acto en la Casa Rosada, del que no participaron referentes de la CGT oficial de Antonio Caló y solo se vio entre el público a Hugo Yasky, titular de la CTA cercana al Gobierno, la presidenta indicó que para la propuesta se destinarán $ 4.150 millones en beneficios para los empleadores, de los cuales su mayor parte (65%) estará dirigido a las microempresas, con el propósito de “facilitar la registración” de trabajadores.

Por su parte, tras el anuncio, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, prometió que con el proyecto “vamos a dar la gran pelea contra el fraude laboral. Un fraude que implica que un trabajador sin registrar sea un trabajador sin derechos”.

El proyecto remitido al Congreso prevé una amplia rebaja de las contribuciones patronales (SIPA, Pami, Fondo Nacional de Empleo, Régimen Nacional de Asignaciones Familiares y Renatea) para aquellas compañías que registren trabajadores informales o contraten nuevo personal. Los beneficios están determinados por el tamaño de las firmas, y favorecerán en mayor medida a las microempresas de hasta 5 trabajadores (con posibilidad de extenderse hasta 7) que quedarán exceptuadas en forma permanente del pago del 50% de las cargas patronales cuando registren un empleado y siempre que no produzcan bajas en su plantel, no sean sociedades anónimas y no superen cierto nivel de facturación. Además, recibirán como auxilio adicional un límite en las cuotas que cobran las ART, que deberá ser inferior al valor promedio de las cotizaciones del régimen.

La reducción de las cargas patronales también beneficiará por un período de dos años a las pymes y medianas empresas que contraten nuevo personal y siempre que no produzcan despidos. En el caso de las firmas de hasta 15 empleados, quedarán exceptuadas del pago de contribuciones para los nuevos trabajadores durante el primer año de relación laboral y pagarán 25% de las mismas durante el segundo año. En tanto, las empresas de entre 16 y 80 trabajadores ingresarán durante los dos primeros años de relación laboral el 50% de las contribuciones. En contrapartida, la iniciativa recorta las actuales excepciones que gozan las empresas grandes (más de 80 trabajadores), que durante los dos primeros años de relación laboral pagarán el 75% de las contribuciones (actualmente pagan el 50% el primer año y 75% el segundo). En ninguno de los casos las excepciones contemplan un recorte de los aportes al sistema de obras sociales.
Por otra parte, la iniciativa prevé la creación de un registro de empleadores que incurran en delitos de fraude laboral, quienes sufrirán sanciones que irán desde la anulación de subsidios y contratos con el Estado, hasta la limitación para el acceso a créditos de instituciones bancarias públicas. Además, en los casos de reincidencia perderán el acceso a todo tipo de beneficios impositivos.
Respecto al fortalecimiento de las facultades de fiscalización laboral del Ministerio de Trabajo nacional, el proyecto establece la creación de una unidad especial destinada a investigar situaciones de trabajo irregular con autoridad para actuar en todo el territorio nacional.