Bajo la consigna de poner a salvo el poder adquisitivo de los salarios, más gremios reclaman anticipos de sus negociaciones paritarias a través de montos no remunerativos. Son sindicatos de gran número de afiliados como el de Sanidad y el de Alimentación, con planteos similares al que hizo la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el de Comercio, el mayoritario del sector privado. La clave de esos pedidos será si las eventuales sumas fijas obtenidas tendrán o no impacto en la discusión posterior por salarios, lo que concentra la preocupación empresaria.

La Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) debe renegociar sus niveles salariales recién a mitad de año, pero su secretario general, Carlos West Ocampo, pedirá anticipar un pago extra para el trimestre de marzo a mayo. La cifra orientativa es de $1.000, la misma que reclamó el gremio mercantil, de Armando Cavalieri, y que todavía negocia con la Cámara de Comercio. West Ocampo y Cavalieri comparten el espacio de los "gordos" de la CGT oficialista.

En la Argentina hay cerca de 400 mil trabajadores del sector sanitario divididos en siete ramas de actividad, que van desde la industrial (laboratorios) hasta la asistencial (clínicas, hospitales de comunidad y geriátricos, entre otros). Para West Ocampo el arranque de la negociación previa a la paritaria parece allanado por ser en los laboratorios, con una situación más holgada. Mientras que los centros asistenciales dependen de una negociación de cúpula que contempla al Estado, a través del PAMI, a las prepagas y a otros sindicatos con sus obras sociales.

El mismo monto fijo fue pedido por el sindicato de la Alimentación (STIA), que a nivel nacional conduce Bernabé Morán y cuya cara visible en Buenos Aires es Rodolfo Daer, exjefe de la CGT. El gremio, cuyo convenio salarial actual vence el 1 de mayo, reclamó el pago de un anticipo de $1.000 para febrero, marzo y abril. La respuesta empresaria fue hasta ahora negativa, señala Ámbito Financiero.

En general, las cámaras patronales admiten la necesidad de generar "acuerdos puente" o transicionales para cubrir la pérdida de poder adquisitivo por la alta inflación de los últimos meses. Pero la condición, como le sucedió a la UOM la semana pasada, es que esos montos queden afuera del debate global. Por caso, el gremio metalúrgico tiene un salario mínimo garantizado de $5.000 y pidió, como anticipo, el pago de $700 por febrero y marzo. Los empleadores harán una propuesta la semana que viene, pero sólo a condición de que desde abril el debate vuelva a ser sobre la base de los 5.000 pesos iniciales de la actividad.

En reserva, la mayoría de los sindicatos que reclamó hasta ahora un monto no remunerativo admite que intentará que la cifra obtenida termine por ser considerada parte del nuevo salario a negociar en la paritaria de este año. Si bien para los empresarios significará el mismo esfuerzo financiero, esa mecánica podría ser utilizada por el Gobierno para exhibir incrementos porcentuales menores y así evitar el temido efecto contagio en otros gremios.

La Confederación de Sindicatos de la Alimentación (CASIA), que además del STIA cuenta con otros 15 gremios, prevé reclamar en la negociación formal con cada cámara un salario básico inicial de 8.500 pesos.

Desde la base salarial actual, de $6.200, el ajuste implicaría un aumento del 37%. Pero en caso de obtener la suma fija de $1.000, el impacto porcentual podría presentarse públicamente como mucho menor.