El Gobierno nacional modificó este jueves por decreto el piso indemnizatorio establecido en el régimen de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), que será ahora de $180.000, al tiempo que dispuso la bancarización de esos pagos y la exclusión del impuesto al cheque para esas operaciones, entre otras decisiones.
La norma legal, firmada por la presidenta Cristina Fernández, fue anunciada en la Casa de Gobierno por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
El titular de la cartera laboral justificó la decisión presidencial en la falta de acuerdo entre los sectores involucrados durante las reuniones mantenidas en ese Ministerio.
"Se pretende entonces con este decreto dar una respuesta inmediata para mejorar las indemnizaciones y disminuir la litigiosidad", explicó, para advertir de inmediato que está pendiente "la búsqueda de un consenso para lograr una ley que sustituye definitivamente" a la ley de Riesgos de Trabajo.
Tomada, evaluó este viernes que este decreto -que triplicó los topes indemnizatorios por siniestralidad y accidentes laborales- diminuirá "sustantivamente" la litigiosidad, y consideró que eso permitirá "tener un escenario más favorable para contar con una Ley de Riesgos de Trabajo".
Indicó que "al tener los trabajadores una indemnización más adecuada y razonable a la situación actual, es probable que la litigiosidad disminuya sustantivamente".
"Al disminuir la litigiosidad, uno de los reclamos principales de los empleadores, esperamos tener un escenario más favorable para contar con una ley de riesgos de trabajo que realmente apunte a la prevención del accidente y no la reparación económica", señaló el ministro en declaraciones radiales.
A su criterio, "este tema era indispensable que se atendiera",ya que precisó que "60% de la litigiosidad está relacionada con el atraso de las indemnizaciones y con algunas enfermedades que no están consideradas dentro del sistema", según publicó la agencia DyN.
Destacó que "la vía judicial fue habilitada por la Corte Suprema e hirió de muerte a la ley vigente".
Sin embargo, estimó que "el consenso como siempre va a poder ser alcanzado para tener una nueva ley".
"La semana que viene habrá una reunión de un comité integrado por empleadores y trabajadores, y ahí vamos a alcanzar un acuerdo para incluir las enfermedades que no estaban, como lumbalgias, hernias, várices", señaló el ministro.
Indicó además que "el estrés laboral no" estará incluido, porque explicó que "por ahora es un tema que tiene algunas discusiones sobre su vinculación directa" con el empleo.
Entre los principales retoques a la norma, figura un aumento en los topes a las prestaciones de dinero y del pago único de las mismas. Se amplía el listado de enfermedades profesionales, se crea un seguro de responsabilidad civil, se modifican las obligaciones de las ART, y se abre un registro de prestadores de servicios de salud.
Los puntos principales de la norma legal determinan que se puso "un piso indemnizatorio a los efectos del cálculo de la reparación de $180.000", dijo, y resaltó que antes no existía " por lo que los trabajadores de bajos salarios o bajo porcentaje de incapacidad tenían una reparación insuficiente".
"Se aumentó asimismo la prestación adicional, antes fijada en $30.000, $40.000 y $50.000 que pasa a $80.000, $100.000 y $120.000, lo que significa un incremento del 160%", señaló Tomada.
Desde el ministerio de Trabajo dijeron que las ART no pueden modificar las alícuotas de los contratos vigentes que en su mayoría vencen a mediados de 2010.
La decisión oficial determina asimismo que "los salarios que se abonen durante el período de incapacidad serán ahora calculados de la misma forma que la Ley de Contrato de Trabajo" por lo que "el trabajador durante el período de recuperación va a percibir lo mismo que si estuviera trabajando".
Además, el decreto dispuso un Registro de Proveedores Médicos para que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo lleve un control más certero sobre las prestaciones, la bancarización de todas las indemnizaciones y la exclusión del pago del impuesto al cheque en estos casos.
Asimismo, mejoró el acceso de familiares del accidentado al pago.
Tomada resaltó especialmente que la norma legal impulsa medidas para "reducir los costos que puedan incidir en la alícuota".
"Aspiramos a que la alícuota permanezca lo mas cercana a los valores actuales y las pactadas en los contratos vigentes deben permanecer en el nivel de lo acordado al momento de firmar", insistió el ministro.
En otro orden, el decreto impulsa "facilitar la formación de Mutuas sin fines de lucro de trabajadores, de empleadores o conjuntas".
Habilita también "a la Superintendencia de Salud a disponerlas normas y las metodologías para que los empleadores puedan acceder a un seguro adicional por responsabilidad civil para enfrentar alas demandas que pudieran subsistir", dijo el ministro.
Tomada adelantó también que la próxima semana incorporará a la protección de la ley de ART tres enfermedades (várices, hernia y lumbalgia) no contempladas en la actual legislación.
Efectos contraproducentes
En tanto, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advirtió que el decreto que modifica aspectos del régimen del sector tendrá efectos "contraproducentes" entre los que destacó el aumento del nivel de las alícuotas, a consecuencia del incremento de las prestaciones dinerarias.
La entidad indicó en un comunicado que "no puede dejar de compartir algunos considerandos del decreto, en particular aquellos relacionados con la protección de los trabajadores y sus beneficios para el caso de accidentes y enfermedades laborales", además de "la mención hecha a la generación de un marco de paz social".
"Sin embargo, debe advertirse que durante el tiempo que transcurra hasta lograr un consenso necesario para una reforma a la ley vigente, los efectos que produce la ausencia de la misma son contraproducentes para dichos sujetos protegidos y para la citada previsibilidad empresaria mencionada en dichos considerandos", explicó.
Se estima que en la actualidad hay más de 700.000 empresas aseguradas en distintas aseguradoras que cubren a 7,7 millones de trabajadores. En promedio -dependiendo del tamaño y la actividad de la firma- pagan $60 por mes por trabajador.
La UART aseguró que "el aumento de las prestaciones dinerarias que se produce implicará el correlato en el nivel de la alícuota con el que se financia el sistema, aspirando a la conservación de la calidad prestacional y solvencia con que se brindan los beneficios".
La entidad finalizó indicando que las ART "contribuirán en el marco de su misión, derechos y obligaciones, a la aplicación de la presente reforma".
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