El diputado oficialista y abogado de la CGT, Héctor Recalde, presentó en la noche de este jueves en la Cámara baja su proyecto de ley para distribuir parte de las ganancias de las empresas entre los trabajadores, y confía en encontrar el consenso para que pueda ser aprobado.
Asimismo, descartó que su iniciativa sea un "proyecto antiempresa" al sostener que es a favor de las compañías privadas porque los trabajadores se van a ver motivados a intentar que la firma para las que trabajan ganen siempre, en todos los rubros.
"Si un trabajador sabe que cuando más gana la empresa más va a recibir él, qué mejor motivación que esa. Ese empleado va a querer y a buscar que la compañía para la que trabaja esté primera siempre y obtenga una buena rentabilidad", manifestó el diputado.
De esa manera, según el razonamiento del autor del proyecto, las firmas podrían obtener un mayor margen de productividad, mejorarían su rentabilidad, se expanderían, contratarían más trabajadores, y eso impactaría positivamente en el mercado de empleo y hasta en el consumo.
Puntos destacados
En síntesis, tal como adelantó iProfesional.com, el proyecto estipula que:
- Las empresas deberán repartir el 10% de sus ganancias netas con sus empleados.
- A los fines del cálculo, serán deducibles las reinversiones de utilidades hasta un máximo del 50%.
- El monto anual que recibirán los trabajadores en concepto de participación en las ganancias empresariales no se computará para el pago de cargas sociales, indemnizaciones ni aportes.
- Durante su primer año de vigencia la medida alcanzaría sólo a las empresas de más de 300 trabajadores. Pero durante el segundo, el universo de compañías obligadas se ampliaría a aquellas de más de 100 e incluiría, desde el tercer año, al resto de las firmas privadas.
- Una vez determinada la cantidad total que cada empresa distribuirá entre sus dependientes, su importe se dividirá y un 5% se destinará al Fondo Solidario, que servirá para abonar una compensación económica a los trabajadores “en negro”, quienes deberán cumplir con una serie de requisitos.
- El 95% restante se dividirá en dos. La mitad se distribuirá entre todos los trabajadores en proporción al número de días trabajados por cada uno de ellos en el año. La otra se distribuirá en proporción a lo que cada empleado gana.
- No participarán de las ganancias los dependientes que ocupen cargos jerárquicos y cuya remuneración anual sea superior a cinco veces el salario promedio. También quedarán excluídos los trabajadores contratados por medio de empresas de servicios eventuales autorizadas.
- Quedarán exceptuadas de repartir utilidades aquellas firmas que sean nuevas -durante los dos primeros años de funcionamiento- y las compañías cuya actividad principal gire en torno de la fabricación de un nuevo bien o servicio, durante los primeros cuatro años. Tampoco deberán hacerlo aquellas firmas cuya ganancia anual no supere el mínimo que determine el Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias.
El órgano encargado de fiscalizar y controlar el reparto de las ganancias se denominará Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias y estará formado por doce integrantes: cuatro en representación del Estado, cuatro por la Confederación General del Trabajo (CGT) y cuatro en nombre de asociaciones de empleadores "suficientemente representativas".
Alerta en el sector privado
Sin embargo, la iniciativa generó preocupación en las altas esferas del empresariado argentino, dado que los hombres de negocios prevén que perderán un gran porcentaje de su rentabilidad y hasta advierten que eso afectará a las inversiones.
El titular del Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA), Gustavo Ripoll, pidió que el proyecto sea debatido "en profundidad" en el Congreso, para que se llegue a una ley que no afecte las inversiones.
El empresario advirtió que, según como sea aprobada, la iniciativa "puede ahuyentar a los inversores, que siempre están mirando la legislación laboral de los países".
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, fue mucho más duro al aseverar que con la iniciativa el país "se parece a Cuba", un país gobernado por un régimen comunista.
"Ya me he peleado por este tema. Creo que las cosas se deben consensuar, porque en algún momento se va a acabar la fiesta. Si hay uno sólo que paga, se acaba la fiesta", dijo el empresario del plástico.
En la misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, se quejó de la falta de "límites" para contener el avance del "cada vez más enérgico y forzado" reclamo del sector sindical.
Federico McDougall
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