Al cabo de un debate de 11 horas, la Cámara de Diputados convirtió en ley por amplia mayoría el proyecto enviado por la Casa Rosada que reduce los aportes patronales de microempresas para fomentar el empleo registrado y regularizar, según estimaciones oficiales, 650 mil trabajadores en dos años.

A diferencia del Senado, donde fue aprobada por unanimidad, la iniciativa contó con 227 votos a favor y tres en contra -dos del interbloque Frente de Izquierda y el macrista Federico Sturzenegger-. El bloque Unidad Popular, de Claudio Lozano, se abstuvo, al igual que Alcira Argumedo (Proyecto Sur).

Además del Frente para la Victoria y sus aliados del Movimiento Popular Neuquino, el PJ La Pampa y el Frente Cívico por Santiago, acompañaron el proyecto la UCR, el FAP, el Frente Renovador, el resto de Unión Pro, Compromiso Federal, UNEN y la Coalición Cívica-ARI.

Si bien el grueso de la oposición acompañó la ley en general, planteó objeciones como el parentezco de este régimen con la rebaja de aportes patronales dispuesta por el exministro de Economía Domingo Cavallo en los ´90.

También hubo advertencias por el impacto que tendría esta medida en el sistema previsional y la presión fiscal que hoy deben soportar las pyme, además de los niveles de trabajo en negro dentro de la propia estructura estatal.

Sin embargo, el oficialismo se encargó se asegurar que la norma no incidirá en los fondos de la ANSES ni tampoco afectará los derechos de los trabajadores, tal como sucedió en el menemismo –cuando las rebajas de las cargas laborales eran para todos los empresarios, sin restricciones y con consecuencias sobre las indemnizaciones-.

El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde (FpV) abrió al debate y remarcó que el proyecto significa “un paso cualitativo” en el combate al trabajo en negro. “Nos podemos equivocar, pero nadie puede negar el rumbo que tiene este proyecto nacional, popular, democrático y latinoamericano”, enfatizó.

Como miembro informante del oficialismo, Recalde ponderó la creación de un “Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales” y la pérdida de beneficios a las empresas que no formalicen a sus empleados.

“Es importante este registro porque es público, y esto va a servir para el control popular”, señaló, y explicó que de esta manera el público podrá tener la opción de comprarle al empresario que no violó la norma.

En el mismo sentido, Carlos Heller (Nuevo Encuentro) indicó que la iniciativa apunta a “un segmento de empresas donde existe un alto grado de informalidad laboral” y negó que exista una similitud entre este régimen y el que implementó el menemismo.

El diputado y dirigente de Smata Oscar Romero (FpV) se sumó a la defensa del proyecto al aseverar que “prioriza al trabajo digno sobre el capital” y “es un paso adelante tendiente a bajar el empleo precarizado”.

El rechazo más fuerte vino del Frente de Izquierda: Néstor Pitrola (PO), quien se ausentó a la hora de votar, negó que esta medida fomente el trabajo registrado y aseguró que “desfinancia” a la ANSES.

Por el contrario, reclamó una “verdadera ley de blanqueo laboral” y exigió “atacar el problema de los despidos y suspensiones”. Recordó además que “el movimiento obrero tiene un larga lucha contra el trabajo en negro y la explotación laboral”.

Asimismo, el legislador del FIT salió al cruce de las “grandes cúpulas sindicales (que) siguen haciendo la vista gorda con el trabajo en negro”. En ese sentido, afirmó que la construcción es uno de los sectores que más trabajadores informales tiene mientras que el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, “es el representante oficial de los trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo” (OIT).

Otro de los diputados que votó en contra, Federico Sturzenegger, aseguró que “la baja de aportes está en el centro de la informalidad”, por lo que pidió “bajar los impuestos al trabajo para tener mayor formalidad”.

"Este proyecto es una manzana envenenada", comparó, y explicó: "Tiene algo atractivo, la baja de aportes, pero algo complicado, la creación de un registro laboral que tendrá poca efectividad y que probablemente sólo sirva para una mayor concentración de poder en el Ejecutivo”.

En tanto, el referente de la CTA Víctor De Gennaro afirmó que el empleo no registrado es parte del “modelo económico” del Gobierno que “intenta garantizar la tasa de ganancia de los grandes grupos económicos y de las grandes empresas”.

De Gennaro cargó contra la política laboral del ministro Carlos Tomada y exigió avanzar en la “democratización sindical” y en el fomento de las pymes a través de “políticas crediticias diferenciales”, en lugar de la rebaja de contribuciones patronales, aunque sí apoyó la creación del Registro Público de Sanciones Laborales.

Asimismo, el diputado de Unidad Popular exigió al Gobierno que “convoque a los gremios estatales para discutir el paso a planta permanente de todos los precarios que hay en el Estado”.

“Nunca se ha resuelto el tema del empleo registrado bajando las contribuciones patronales”, aportó el radical Eduardo Santín, quien precisó que “desde el ‘90 se bajaron en promedio más de 10 puntos, lo que significa nada más y nada menos que 5700 millones de pesos mensuales”.

El massista Alberto Roberti alertó que “la inflación rompe la cadena de empleo y el Estado hizo la vista gorda, emitiendo sin respaldo y no achicando el déficit”, y coincidió en que “el primero que contrata trabajadores en negro es el Estado”.

También por el Frente Renovador, el sindicalista Héctor Daer advirtió que “como este proyecto no va a generar empleo, tenemos que debatir cómo generar más medidas y crear nuevos puestos de trabajo”.

Por el GEN, Margarita Stolbizer consideró que “la solución pasa por mejorar las condiciones macroeconómicas y bajar la presión fiscal” sobre las microempresas, ya que “en muchos casos la informalidad en las pymes es una salida para subsistir frente a la presión fiscal más alta del mundo”.

La flamante ley beneficia con reducciones del 50 por ciento de las contribuciones patronales, sin límite de tiempo, a empresas que tienen hasta cinco trabajadores, y que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual.

Una vez ingresada en el programa, la empresa puede contratar hasta siete trabajadores y mantener el beneficio sobre los primeros cinco. A partir del octavo trabajador se considera que la empresa pasa a ser una “pequeña empresa”.

Para las pequeñas y medianas empresas, se estableció un régimen temporal de reducción de contribuciones para contrataciones que incrementen la cantidad de trabajadores registrados en la empresa.

Las empresas de hasta 15 trabajadores que no se encuadren en el beneficio anterior, no ingresarán contribuciones durante los primeros 12 meses, e ingresaran el 25% de las mismas los siguientes 12 meses para cada nuevo trabajador que aumente la dotación de personal.

En tanto, las empresas de entre 16 y 80 trabajadores, ingresarán solo el 50% de las contribuciones durante los primeros 24 meses de una nueva relación laboral que incremente la dotación de personal de la empresa.

La ley también crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales o que incurran en trata de personas para el trabajo forzado.

A las empresas que tengan infracciones, además de las sanciones que correspondan, se las incluirá en el Registro y se le aplicará por ello restricciones que irán desde la anulación de subsidios estatales hasta la pérdida de beneficios impositivos.

Por otra parte, la flamante ley tiende a consolidar la capacidad de inspección del Estado, a cargo del Ministerio de Trabajo, a través de una unidad especial en esta cartera que intervendrá junto con los inspectores.