En medio de la tensión con los intendentes del Conurbano bonaerense, el Gobierno nacional oficializó la decisión de dar de baja las tasas municipales que se incluían en las facturas de Edenor y Edesur, mediante una resolución publicada el Boletín Oficial, firmada por Darío Arrué, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

La medida estableció, en ese sentido, que “corresponde dejar sin efecto toda autorización que haya sido otorgada por este ente, en orden a que se incluya en las facturas que emiten Edenor S.A. y Edesur S.A. conceptos a cobrar ajenos a dicho servicio de carácter federal”.

La normativa se ampara en la resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada hace casi un mes, que estipulaba que toda información contenida en las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios debía referirse exclusivamente al bien o servicio contratado. Por ende, no podía incluirse ninguna suma o concepto que no estuviera directamente relacionado con el producto o servicio ofrecido.

El Gobierno alega que, de esta manera, se tienen en cuenta los derechos del consumidor, entre los que se encuentran “la protección de su salud, seguridad e intereses económicos”, así como el derecho a recibir información clara y veraz sobre los productos y servicios que consumen.

La normativa enfatiza en que los proveedores de bienes y servicios tienen la obligación de suministrar información precisa, detallada y clara sobre los productos y servicios que ofrecen. Por esto mismo, calificaron como “abusivas e ineficaces” aquellas cláusulas que limiten la responsabilidad de los proveedores o desnaturalicen sus obligaciones, por lo que subrayaron que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben informar a los usuarios sobre su derecho a reclamar indemnizaciones en caso de ser facturados por sumas o conceptos indebidos.

A modo de ejemplo, mencionaron la tasa de alumbrado público que el ENRE autorizó años atrás a incluir en las facturas de los usuarios de las empresas Edenor y Edesur.

“A la luz de la normativa sancionada por la Secretaría de Industria y Comercio, debe entenderse que estas tasas dispuestas por normas locales resultan ajenas al servicio al que refieren esas facturas, el cual es controlado y regulado por un organismo de carácter federal -como es el ENRE- que se rige y aplica normativa de igual carácter”, plantearon. En consecuencia, en el segundo artículo de la resolución, derogaron “toda norma dispuesta por el ENRE que se oponga a lo dispuesto” en esta oportunidad.

Este cambio se enmarca en una serie de medidas tomadas por el Gobierno en relación con las tasas municipales y otros tributos que se aplican en servicios públicos.

Luego de la decisión del Ejecutivo de prohibir el cobro de otros conceptos en las facturas de energía, algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, especialmente en el Conurbano, comenzaron a buscar alternativas para mantener el cobro de tasas municipales, como las de Seguridad e Higiene o la Tasa Vial, que se aplican a la carga de combustibles. Estas tasas representan una fuente importante de ingresos para los municipios, que argumentan que su eliminación afectaría gravemente su capacidad para financiar el alumbrado público y otros servicios.

Un jefe comunal de la Tercera sección electoral manifestó en su momento que “en un marco de crisis, lo primero que cae es la recaudación de los impuestos municipales”. “Esta es la única forma con la que podemos seguir sosteniendo la cobrabilidad”, señaló. Según el funcionario, su distrito pagaba en septiembre alrededor de 400 millones de pesos en concepto de luz para el alumbrado público, y sin la posibilidad de incluir la tasa en las facturas, sería difícil cubrir esos costos.

Semanas atrás, el gobierno de la provincia de Buenos Aires también se metió en la polémica. A través de un comunicado del Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) se aclaró que los distritos tienen la facultad para incluir otras percepciones en el caso del servicio eléctrico siempre y cuando estén discriminadas. Sin embargo, el organismo de control de la administración de Axel Kicillof no tiene regulación sobre el área metropolitana, salvo La Plata, Berisso y Ensenada. En el Conurbano los prestadores eléctricos son Edenor y Edesur.

Hasta el momento, dos municipios de la provincia de Buenos Aires obtuvieron un fallo a su favor en la Justicia federal para poder seguir cobrando sus impuestos en las boletas de servicios públicos. Se trata de los partidos de Moreno y Pilar.

Ambos distritos presentaron amparos para pedir la inconstitucionalidad de la resolución 267 de la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación y obtuvieron medidas cautelares que suspendieron -solo para sus municipios- la vigencia de la norma. Ambas resoluciones fueron dictadas por el juez federal Adrián González Charvay. El magistrado es titular del Juzgado federal de Campana, que tiene bajo su jurisdicción a Pilar, y subroga hasta hoy el juzgado federal de Moreno.