El Gobierno nacional decidió extender el blanqueo de capitales lanzado en mayo de 2013 y que, según la última modificación realizada el 30 de diciembre, había sido prorrogada hasta este lunes 31 de marzo.

De esta manera, y pese a que obtuvo un poco más del 16% de lo que se esperaba recolectar (se esperaba obtener u$s4.000 millones, pero sólo ingresaron u$s650 millones), el Ejecutivo prorrogó por tercera vez la medida, informó minutouno.com.

En tanto, el diputado radical Miguel Ángel Giubergia (UCR-Jujuy) presentó un proyecto de Resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Banco Central, la AFIP y el Ministerio de Economía, informe sobre los resultados del blanqueo de capitales.

"Se pretendía alcanzar un piso de u$s4.000 millones en el circuito financiero y nunca se logró", sostuvo el legislador en un comunicado de prensa, informó DyN.

Giubergia, quien es secretario general del bloque de la UCR, indicó que "a casi un año de la aprobación de la ley sobre Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el País y en el Exterior, se emitieron nuevas resoluciones y decretos complementarios para ampliar y adecuar la normativa que evidentemente estaba destinada al fracaso".

El diputado opinó que "las idas y vueltas, las internas y las marchas y contra marchas de los intereses encontrados al interior del gobierno terminaron haciendo fracasar la norma de blanqueo, que a pesar de condonar impuestos y fomentar la evasión, frustró las intenciones de los empresarios amigos del poder aguando la fiesta especulativa".

El proyecto requiere, entre otras cosas, el detalle la cantidad de certificados CEDIN que se han impreso para proveer al sistema financiero y el costo generado por los mismos; criterio de distribución por entidad financiera y enumeren los controles implementados sobre el circuito financiero secundario en cuanto a la validez de los certificados CEDIN y el control de agentes financieros.

En este sentido también el diputado solicita que se informe cómo se ha instrumentado con las entidades financieras la transferencia inmediata de fondos al BCRA contra los controles requeridos para descartar operaciones de origen de lavado de dinero o de operaciones ilícitas.