El Gobierno confirmó su objetivo de eludir al Congreso en el plan de blanqueo de capitales que pretendía renovar, al publicar sin ningún cambio la prórroga del programa.

Al vencerse el martes la primera extensión del plazo dispuesto por la Ley 26.860, el Ministerio de Economía decidió prolongar por tres meses más el proceso de exteriorización de capitales no declarados hasta el 30 de marzo próximo. Pero evitó incorporar algunas modificaciones que se habían estudiado en el último tiempo para evitar que la iniciativa debiera ser tratada con la nueva conformación de las cámaras legislativas.

La intención oficial era, en un principio, mejorar el atractivo del blanqueo con un eventual incremento del retorno que ofrece el BAADE, el bono energético que incluye la ley, y una ampliación de sus usos para que pueda ser aprovechado también por el sector privado. Asimismo, extender el destino de CEDIN, que son actualmente certificados que se suscriben para la compra de inmuebles, a bienes durables. Fuentes oficiales comentaron al matutino Ámbito Financiero que lo más probable es que los cambios puedan introducirse a partir de abril próximo.

La decisión fue dispuesta a través del decreto 2170/2013, publicado el martes último en el Boletín Oficial con las firmas de la presidente Cristina de Kirchner; del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y del ministro de Economía, Axel Kicillof. 

El plazo para adherirse al plan se extenderá desde el 1 de enero y por un período de tres meses calendario. Esta es la segunda vez que el Poder Ejecutivo Nacional decide prorrogar el proceso para la exteriorización de divisas no declaradas, puesto que el 1 de octubre último también había extendido por tres meses el tiempo para acogerse a la medida. 

Al igual que en la oportunidad anterior, el Gobierno explicó en los considerandos del decreto que adoptó la decisión por "razones operativas y con la finalidad de permitir que una mayor cantidad de sujetos interesados puedan exteriorizar sus tenencias y acogerse a los beneficios dispuestos en la Ley Nº 26.860". 

Asimismo, recordó que "la referida exteriorización comprende la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior al 30 de abril de 2013, inclusive", además de aquella tenencia "que resulte del producido de bienes existentes" a la misma fecha. 

Finalmente, destacó en el texto que "la exteriorización de capitales permite emplear recursos líquidos ociosos para financiar inversiones productivas y sociales que apuntalen el proceso de crecimiento, profundicen la reindustrialización iniciada en 2003 y permitan la inclusión de vastos sectores de la sociedad".

Cabe recordar que la medida contempla la suscripción de dos instrumentos. Unos son los CEDIN, es decir, certificados que se otorgan a quienes ingresan divisas no declaradas al sistema financiero y que pueden ser aplicados a la compra de inmuebles. El otro son los BAADE, que pueden ser suscriptos con fondos tanto declarados como no, con destino a inversiones en infraestructura y productivos, rinden el 4% anual y vencen en 2016. El 1 de noviembre, el Gobierno amplió la emisión de estos títulos en 1.000 millones de dólares. 

En el primer tramo del blanqueo se regularizaron 341 millones de dólares mediante la presentación de 8.046 operaciones, de acuerdo con lo informado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Esta cifra resultó inferior a la estimada por analistas privados que consideraron necesario un ingreso unas diez veces superior para que la medida pudiera considerarse exitosa.

Durante la prórroga, el Gobierno se esforzó por lograr que grupos empresarios suscribieran BAADE y así fue que circuló la información sobre un ingreso de 500 millones de dólares por parte de la petrolera Bridas, para ser invertidos en el yacimiento de recursos energéticos no convencionales de Vaca Muerta. También fueron convocadas entidades financieras que habrían aportado unos 100 millones de dólares. No obstante, las cifras definitivas de lo recaudado hasta el momento no se conocen.