A pesar de la poca aceptación, este martes se relanzó el blanqueo de capitales. Los expertos explican que el poco éxito se debió a que los eventuales adherentes se enfrentan con una posibilidad cierta: que los bancos reporten la operación como sospechosa ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Y tenían razón. Según El Cronista, los bancos terminaron reportando la mayoría de las operaciones de blanqueo para cubrirse de futuras investigaciones sobre lavado de dinero, lo que podría derivar en multas para las entidades de uno a diez veces el monto del dinero exteriorizado.

La medida era inevitable, porque la experiencia del sector es que sólo el 30% de las operaciones de blanqueo se podrían justificar el día de mañana.

“En todos los casos se reporta; es generalizado, incluso en los bancos públicos. Y todos los casos son informados. Los principales bancos bajaron línea a sus departamentos antilavado para que ante el blanqueo se remitan los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF”, dijo un asesor relacionado con bancos públicos. “Con la extensión lo van a seguir informando”, agregó.

En tanto, otro asesor de dos bancos privados importantes coincidió que como política interna se aplicó el criterio de reportar como sospechosas todas las operaciones de blanqueo que entraran.

Le queda a la UIF hacer su trabajo. La entidad, que ayer no respondió la consulta de este diario, no tendría la estructura suficiente para procesar la cantidad de reportes acumulados, según coinciden en el mercado.

Existe consenso sobre los reportes a la UIF, pero la información no puede brindarse abiertamente ya que los reportes son confidenciales y los reportes sin consistencia, ilegales. Los bancos se exponen a juicios por daños y perjuicios por parte de los clientes.

Sin embargo, los clientes lo sospechaban. “Hoy una persona que quiere adherirse a los beneficios del blanqueo tiene que analizar los beneficios tributarios, pero también los riesgos legales de adoptar la decisión: que eventualemente la acreditación del origen de los fondos no satisfaga al banco que canalizó la operatoria y lo exponga a un ROS dirigido a la UIF.

Así, más alla de la reticencia de algunos bancos, creo que hoy los clientes están más asesorados que en el blanqueo de 2009”, dijo Marcelo Casanovas, presidente de Fapla. Por el blanqueo de 2009, se hicieron 631 ROS por $550 millones.

Con este criterio, si un banco recibe a un cliente con una inspección previa de AFIP que determine deudas tributarias le es más fácil justificar el blanqueo por evasión tributaria. Pero el resto de los clientes se expone a riesgos legales.

“La tendencia de los bancos es a reportar la mayoría porque el cliente no puede justificar el origen de los fondos. Quien tiene problemas tributarios es un poco empujado por la AFIP a hacerlo, y es más sencillo. En los casos que no tienen indicios ciertos, claramente la tendencia es a reportar”, dijo un ejecutivo.

Según los datos que maneja el mercado, en 7 de 10 casos no se puede acreditar el origen de los fondos que se exteriorizan. Y la ley de blanqueo no exime de las obligaciones vinculadas al lavado de dinero. 

Si el día de mañana se prueba que las operaciones provinieron de lavado de dinero, el artículo 24 de la ley 25.246 determina una multa equivalente a 1 a 10 veces el monto sospechado para el banco. 

Sin embargo, en el mundo, del 5% al 7% de los ROS se judicializa. Y sólo del 1 al 2% obtiene una condena penal. El blanqueo de 2009 fue el disparador para el proceso judicial del narcotraficante Ignacio Alvarez Meyendorff, concluye el matutino.