El Gobierno de Uruguay preparó un proyecto de ley, que será presentado próximamente en el Parlamento, y que le permite identificar quiénes son los propietarios de las sociedades anónimas.

El texto propuesto establece que la Dirección General Impositiva (DGI) uruguaya podrá acceder a la nómina de titulares de acciones al portador de sociedades anónimas, en el marco de fiscalizaciones y ante la presunción de defraudación impositiva, informó El Observador.

Así, el organismo recaudador del país vecino podrá solicitar los datos a la Auditoría Interna de la Nación (AIN) -que es quien resguardará los datos- por la vía administrativa y sin intervención de la Justicia, siempre que el pedido se concrete para empresas puntuales que estén bajo investigación.

Asimismo, la DGI seguirá siendo el nexo para el traspaso de la información a fiscos extranjeros que la soliciten, aunque en esos casos no podrá hacer uso de ella.

Por último, la iniciativa impulsa castigar con hasta tres años de penitenciaria el tráfico ilícito de la información que deberá resguardar la Auditoría Interna de la Nación.

La modificación en el régimen societario uruguayo fue una exigencia de la OCDE que había colocado al país en una lista donde figuran los poco cooperantes en materia de transparencia tributaria.