La Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles los cambios en el Impuesto a los Bienes Personales.

Con 125 votos a favor, 65 en contra y 27 abstenciones, se ratificaron las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto, que forma parte del paquete económico complementario del Presupuesto 2019.

Según la ley, el mínimo no imponible de Bienes Personales pasará de los $1.050.000 pesos actuales a $2.000.000 a partir de los ejercicios fiscales 2019 y siguientes.

Además, aquellos que declaren bienes por entre $2.000.000 y $5.000.000 pagarán una tasa de 0,25%; de $5.000.000 a $10.000.000 tributarán 0,50%, y a partir de los $20.000.000, la tasa será de 0,75 por ciento.

En el Senado ese proyecto se modificó por impulso del jefe del bloque peronista, Miguel Pichetto, quien propuso exceptuar de este impuesto las casas con destino habitacional de hasta 18.000.000 de pesos.

César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, aseguró que "aprobar la suba en Bienes Personales es una pésima señal para atraer inversiones y mejorar la actividad económica y el empleo".

Al respecto, Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky y Asociados, señaló que "la reforma del Impuesto sobre los Bienes Personales es un atentado contra la confianza de quienes han adherido al sinceramiento fiscal y una demostración de la falta de la seguridad jurídica".

"También es una falta de seguridad jurídica para los contribuyentes del país que quizás decidieron hacer su inversión en la adquisición de determinados bienes teniendo en cuenta determinado flujo de fondos que ahora se verá afectado por tener que pagar un mayor impuesto", agregó el experto.

"Hay que dejar en claro que esta reforma entra en vigencia para el año 2019, por lo tanto recién se va a abonar este impuesto en el año 2020. Estamos aprobando una ley, que en principio afectaría la recaudación del año 2020", puntualizó.

Tal es así que quizás nos encontremos en una situación en que los anticipos que se calculan sobre la base imponible del año anterior terminen siendo mayores al impuesto originalmente abonado lo que también pone en evidencia la locura del sistema tributario donde se anticipa el pago de impuesto sobre base presunta pero con alícuotas creciente, algo que no existe en ninguna parte del planeta", concluyó. En igual sentido, Diego N. Fraga, Socio de RCTZZ Abogados, explicó que el proyecto sancionado "se vuelve a un esquema de impuesto patrimonial que había sido eliminado con la propia Ley de Sinceramiento Fiscal, por lo que considero que este acto de abierta traición por parte del Estado Nacional termina por aniquilar cualquier atisbo de confianza que pudiese quedar en los inversores".

"Hay que entender que precisamente medidas como las que se aprobaron este miércoles –además de la presión tributaria récord- son las que espantan a los capitales y hacen que una gran masa de contribuyentes oculte sus rentas y patrimonios", agregó Fraga.

"Aunque desde lo técnico se trate de un tributo diseñado de manera progresiva, en el contexto de altísima presión fiscal en que se vive, el impuesto sobre los Bienes Personales se aplica sobre activos que en su momento –en muchos casos- ya tributaron una altísima alícuota del impuesto a las Ganancias y que también seguramente fueron castigados (si se tratase de dinero invertido en el país) con otras aberraciones tributarias como Ingresos Brutos, Sellos y con el Impuesto sobre los Débitos y Créditos", aseguró el experto.

Ezequiel Passarelli, director de impuestos de SCI Group señaló que "lo único positivo es que se vuelve a un esquema de tipo progresivo, es decir, el que más tiene, más paga”.

"Se vuelve a respetar el Principio de Capacidad Contributiva. Recordemos que, en estos últimos 3 años, todos (sin importar qué patrimonio teníamos) pagábamos lo mismo (la misma tasa), lo cual es sumamente injusto para los que menos tienen", agregó.

Sin embargo Passarelli señaló como negativo que se incumplen dos promesas:

a) Ley del Blanqueo (se iba a eliminar y después se terminó dejando a un nivel muy bajo).

b) Consenso Fiscal (la Nación se comprometió a no subir la alícuota a cambio de que, por ejemplo, las provincias reduzcan Ingresos Brutos).

"Esto genera inseguridad jurídica, demuestra la inestabilidad de nuestro país, desalienta la inversión del exterior y la re inversión local", concluyó.