No es un secreto que para muchos argentinos, Estados Unidos es el destino número uno a la hora de invertir en propiedades o directamente depositar fondos. Por eso, la falta de un acuerdo de intercambio de información fiscal con la potencia del Norte es un verdadero agujero negro, para la intención del Gobierno de forzar un blanqueo de los bienes no declarados en el exterior.
Esta fue al menos una de las conclusiones del el seminario organizado este martes por la Unión Industrial Argentina (UIA) para abordar el blanqueo. El contador Andrés Edelstein de PWC analizó las posibilidades de éxito de la medida, que se transformó en una de las vigas centrales del programa económico, para financiar un déficit que no logra acotar y poder mantener al menos durante unos meses, la lógica gradualista del ajuste en marcha.
Edelstein explicó que el éxito de la amnistía fiscal, depende de al menos dos factores. "Por un lado, la coyuntura doméstica, es decir, si hay condiciones políticas y económicas para que los que tienen cuestiones a regularizar vean que vale la pena ponerse al día. Y, por el otro, el contexto internacional que tiene que generar un riesgo mayor de detección al que veníamos viendo a la fecha. Si ambas cosas están alineadas, es factible augurar un resultado muy satisfactorio”, aventuró.
La novedad respecto de este segundo punto radica en que, por primera vez por iniciativa del G-20, los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se pusieron de acuerdo para avanzar en un programa de intercambio de información fiscal (AEOI, por sus siglas en inglés) que inaugura dos características. En primer lugar, es automático, instantáneo, y no a pedido como hasta ahora. Y en segundo término, es global, no bilateral como es hoy en día.
“Estas dos cuestiones generan este nuevo paradigma. Ya estamos inmersos en él, aunque quizás no nos demos cuenta en el día a día y lo veremos muy pronto. El 30 de septiembre de este año, lo veremos en días”, precisó Edelstein.
La primera tanda de intercambio de información de los acuerdos de la OCDE se realizará recién en septiembre de 2017. Se trata de los 55 países conocidos como “early adopters”, que abrirán esta experiencia de información compartida multilateralmente. La segunda tanda será en 2018 y se sumarán otros 46 países entre los que se destacan Suiza, Panamá y Uruguay.
“En el año 2017 se van a intercambiar datos del período fiscal 2016 y por esto la AFIP en diciembre del año pasado a través de la resolución 3826 les instruye a las entidades financieras argentinas que le brinden información del período fiscal 2016 de manera tal de poder hacer cumplir este acuerdo en septiembre de 2017”, precisó Edelstein.
Sin embargo, Estados Unidos no forma parte de este intercambio porque no considera que todos los países estén en condiciones de garantizar el secreto fiscal y otras normativas. Por eso -como suelen hacer- crearon su propio marco de intercambio, a través de los países que adhieran a la FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), una ley estadounidense de 2010 que crea acuerdos de intercambio de información sensible de los contribuyentes extranjeros con otros países.
Los acuerdos pueden ser de carácter recíproco o solo de información al fisco de Estados Unidos. A fin de este mes, tras posponer el acuerdo por un año, finalmente Estados Unidos intercambiará alguna información con algunos países de Europa y con Canadá, México y Brasil, a la vez que recibirá información de algunos de los 113 países con los que firmó acuerdos.
Los acuerdos que suscribe Estados Unidos conforme a la FATCA pueden ser de dos tipos. El primero es uno de intercambio no automático, en el que los países se comprometen a informar a la IRS (autoridad fiscal norteamericana) y eventualmente pueden solicitar información de los Estados Unidos. Es la clase de acuerdo firmado por Chile. En estos convenios Estados Unidos asume, como detalla la OCDE “el compromiso político de procurar adoptar reglamentos, y promover y apoyar la legislación pertinente, para alcanzar tales niveles equivalentes de reciprocidad en el intercambio automático de información”.
El segundo tipo de acuerdo implica o bien aceptar la doble imposición fiscal (mientras la mayoría de los países grava a sus residentes indistintamente de su nacionalidad, Estados Unidos cobra impuestos además de a sus residentes a sus ciudadanos fuera de su país) o bien cumplir con todos los requisitos de adecuación legal para la transmisión bilateral de información de contribuyentes.
Argentina a la fecha no tiene acuerdo FATCA con los Estados Unidos de América. ¿Por qué no lo tiene?, le preguntó LPO a Edelstein. "Por múltiples razones. Las autoridades fiscales actuales han comunicado que se ha dado inicio a estas negociaciones. Es un proceso que no va a ser rápido, demora su tiempo básicamente por dos cuestiones. La primera es que Estados Unidos necesita que se le den todas las salvaguardas del caso con respecto al secreto fiscal imperante en nuestro país y no desde el punto de vista estrictamente legal, sino desde el punto de vista práctico. Tal vez, digo yo, las experiencias recientes no les dan una gran tranquilidad, al menos por el momento”, señaló el especialista.
Son recordados los casos de utilización política de datos fiscales entregados por Estados Unidos, como hizo el kirchnerismo con Francisco de Narváez, por ejemplo. Esos antecedentes, si bien son de otra gestión, siembran enormes dudas sobre la confiabilidad del Estados argentino para manejar información sensible.
“Y el segundo punto, no menor, es que un acuerdo que tenga reciprocidad, que es justamente lo que le puede interesar al gobierno argentino –recibir los datos de los Estados Unidos- requiere como condición o tener un acuerdo de doble imposición o un acuerdo de intercambio de información. Y Argentina no posee ninguna de esas dos herramientas. Es decir que es un proceso que va a llevar su tiempo”, agregó el especialista de PWC.
Consultado por LPO respecto de cuánto tiempo llevaría tener un acuerdo de intercambio de información conforme a la FATCA para que la AFIP puede conocer el patrimonio de los argentinos en propiedades en Miami o cuentas bancarias o sociedades en el paraíso fiscal de Delaware, Edelstain señaló que “para un primer acuerdo, estamos hablando de uno a dos años", pero reconoció que puede haber tal vez prórrogas en su implementación.
A la vez, Edelstein advirtió sobre otra eventualidad. “Los tiempos pueden estirarse si llegara a ganar Donald Trump”, dijo a LPO. Es famosa la reticencia de los Republicanos a compartir información sensible de los ciudadanos. De momento, solo bajo la égida Demócrata se logró tanto la firma de la FATCA en 2010 y aun así no entró en vigencia hasta julio de 2014. Incluso en ese entonces, cuando se ratificó el compromiso de intercambio en 2015, por cuestiones fácticas se vieron obligados a ampliar el plazo hasta 2016.
En este sentido, en el mejor de los escenarios, al menos hasta 2019 la AFIP seguirá parcialmente a ciegas respecto de los bienes de los argentinos en Estados Unidos. Con una salvedad. Los bancos extranjeros en ese país, principalmente los europeos, por estar alcanzados por la iniciativa de la OCDE y bajo amenaza de multas, están instando a sus clientes argentinos a blanquear. De lo contrario, optarán por cerrarles las cuentas.
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