Si una empresa argentina tuvo en el pasado la idea de tomar un préstamo en el exterior para invertir aquí y crecer, ahora enfrenta un serio problema. El Gobierno podría conducirla rápidamente a un “default” porque está impidiendo, en el marco del corralito cambiario, que acceda a los dólares que necesita para honrar sus deudas.

Fuentes empresarias confirmaron al matutino Clarín que la Dirección de Investigaciones Financieras (DIF) dependiente de la AFIP está impidiendo el acceso de varias sociedades al mercado único de cambios, ya que no les aprueba las Declaraciones Anticipadas de Pagos al Exterior (DAPE). Esto es: las firmas que tienen deudas en el extranjero piden permiso para comprar los dólares necesarios para pagarlas, pero el organismo conducido por Ricardo Echegaray demora esa autorización, colocándolas al borde del incumplimiento con sus acreedores.

El sector de la AFIP que debe emitir dichos permisos es la DIF, creada por Echegaray en noviembre de 2011 para competir con la UIF (Unidad de Información Financiera, que debe controlar posibles maniobras de lavado). En los últimos meses, la DIF tomó una dimensión muy importante, pues se dedicó a apretar a empresarios y hasta funcionarios no afines al poder kirchnerista. Uno de quienes sufrió ese hostigamiento fue nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

La DIF es dirigida por el nuevo hombre fuerte de la AFIP, el joven contador Guillermo Michel.

Clarín reveló esta semana el meteórico ascenso de ese funcionario, que recién ingresó a la función pública en octubre de 2010. También se expuso la existencia de ese grupo especial que, bajo la conducción de ese profesional, instrumenta las maniobras de persecución tributaria hacia los opositores. Michel tiene acceso directo a información clave de todos los contribuyentes, incluido el movimiento de divisas, bonos y acciones.

Entre otros mecanismos para detener la fuga de dólares del país, la AFIP creó un sistema de aprobación previa para las solicitudes de moneda extranjera para efectuar pagos de deudas con el exterior. Si bien originalmente tenía un fin meramente informativo, en la práctica se ha traducido en un sistema que impide a las compañías argentinas acceder a las divisas necesarias para atender el pago de los compromisos financieros previamente registrados y autorizados por el Banco Central.

Según un empresario afectado “la medida conduce, indefectiblemente, al default de las compañías argentinas en momentos en los que el crédito externo no existe para el país con las consecuencias previsibles y catastróficas para la deuda soberana y corporativa argentina”.

Las denegatorias que se conocen ahora se inscriben también en el marco de la puja de poder entre los distintos organismos vinculados al tema. El Banco Central, en rigor, no está poniendo objeciones al giro de divisas para hacer frente a los compromisos privados asumidos. Pero la AFIP obstruye esos pagos y parece escuchar otra sintonía.